Stop a  los minerales del conflicto

El modelo de consumo en occidente depende en gran medida de la provisión de recursos naturales obtenidos fuera de sus fronteras. En muchos casos las zonas en la que se obtienen éstos padecen conflictos armados o están bajo control de regímenes autoritarios que no favorecen un impacto económico y social positivo entre las poblaciones vinculadas a la actividad económica. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente más del 40% de los conflictos de los últimos 60 años están relacionados con los recursos naturales. Normalmente, estos no son la causa sino que contribuyen a la financiación de los actores armados y por tanto permiten la prolongación de los conflictos. Las grandes empresas que comercializan y fabrican los productos con recursos naturales provenientes de zonas en conflicto no establecen medidas de control para asegurar que las diversas empresas implicadas en la cadena de suministro y valor del producto final actúen con criterios éticos. Una cadena de suministro transparente y responsable puede evitar el riesgo de que las empresas y los ciudadanos contribuyamos a financiar grupos armados o a mantener actividades económicas que no respetan los derechos humanos. Este fenómeno global tiene una expresión aguda en las zonas mineras de las provincias del Kivu en la R.D. Congo1 . Allí después de más de dos décadas de guerra se mantienen activos grupos armados y redes criminales que aprovechan la actividad minera para financiar la compra de armas y combatientes. Así lo denuncia, desde hace 10 años detallados informes de los expertos designados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los minerales extraídos en esta zona (estaño, tantalio, tugsten, oro…) son esenciales para la fabricación de numerosos productos de alta tecnologia como el mòbil, el ordenador portàtil…

 La mayor parte de la población en España desconoce los vínculos que existen entre estos productos de uso cotidiano y la perpetuación de la violencia en la R.D. Congo o desconoce las acciones individuales y colectivas en las que pueden participar para exigir transparencia y responsabilidad en su producción.
La Unión Europea ha iniciado la discusión parlamentaria para la aprobación de una normativa sobre el suministro responsable de minerales en zonas de conflicto armado. Numerosos grupos de la sociedad civil consideran que la primera propuesta de reglamento es insuficiente y reclaman medidas de aplicación obligatoria para favorecer cambios reales.
Los ciudadanos no queremos ser cómplices con las violaciones de derechos humanos causadas por la explotación ilegal de los recursos naturales por lo que desde la Bretxa animamos a expresar vuestra compromiso a través de la recogida de firmas dirigida a la Unión Europea: www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/
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